La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, inauguró el seminario "Política de Suelo y Equidad Urbana: Desafíos para la Legislación Urbanística", organizado por la Universidad Alberto Hurtado, ocasión que aprovechó para afirmar que "la construcción de viviendas sociales en sectores periféricos de las ciudades, por falta de suelo urbano implica segregación y una situación de injusticia para las familias vulnerables del país, lo que se constituye en definitiva en un problema para la democracia chilena".
La ministra explicó que el alto valor del suelo "afecta nuestra democracia", pues ésta supone ciudadanos y personas con igual dignidad y derechos, de manera que puedan elegir un proyecto de vida y luchar por concretarlo.
"Si las diferencias de localización se transforman en estigmas que condicionen esa oportunidad o la lesionan severamente, quiere decir que nuestra democracia está funcionando mal", dijo.
Saball aseveró además que por lo general las viviendas sociales se localizaron en la periferia, pero no en cualquier margen sino, precisamente, en los sectores de las ciudades que son incapaces de proveer un nivel adecuado de servicios y de beneficios a las personas y las familias.
"En buenas cuentas, construimos una ciudad injusta y segregada", dijo.
Por ello, el ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que está trabajando en mejorar la calidad de vida de quienes habitan en barrios con situación de vulnerabilidad social, coordinando intervenciones multisectoriales que fortalezcan la organización comunitaria y mejoren tanto las viviendas como sus espacios públicos, a través de programas como el Quiero Mi Barrio y el de Protección del Patrimonio Familiar.
La autoridad explicó que se han creado nuevos instrumentos, como el subsidio a la localización que inyecta recursos para moderar el efecto del suelo en el precio de las viviendas, o los proyectos habitacionales integrados, que obtienen mayores subsidios para mezclar en un solo conjunto diversas tipologías habitacionales.
"Sin embargo, el efecto de estas medidas ha sido insuficiente", acotó.
Para enfrentar esta situación -sostuvo Saball- el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet anunció la elaboración de "una política de suelo con medidas legales, reglamentarias y de gestión que permitan garantizar que el Estado acceda a suelos públicos y privados de calidad, integrados socialmente con la ciudad y que permitan desarrollar en ellos distintas intervenciones urbanas y habitacionales".
La secretaria de Estado afirmó que esta idea fue reforzada por la Presidenta en el mensaje del pasado 21 de mayo, anunciado que solicitará al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que formule una propuesta de reforma en materia de suelo, que permita implementar una política que garantice integración social y se prioricen los fines sociales sobre los particulares.
"Eso explica el llamado de la Presidenta y que, por supuesto, hago mío. Debemos avanzar hacia modelos de gestión de suelo que sean capaces de generar ofertas de suelo urbano para todos los usos y personas, con estándares de localización y equipamiento que sean adecuados para garantizar que la ciudad que construyamos sea equitativa y sustentable", subrayó.