El diagnóstico a la justicia y equidad en la educación chilena


Los actores educativos describieron sus percepciones acerca de la calidad y equidad de la educación escolar y universitaria, manteniéndose una evaluación predominantemente negativa de ambas. Se reafirma como gran reto la concreción de ajustes institucionales para favorecer una sociedad más justa y menos segmentada.

Hace algunas semanas se dieron a conocer los resultados de la novena versión de la encuesta a actores educativos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE. Como es tradición, se buscó conocer las percepciones y prácticas declaradas de directores de establecimientos, docentes, estudiantes y apoderados en torno a diversas temáticas, teniendo como eje principal la equidad y justicia social en el sistema educativo.
El valor de la encuesta recae no solo en su reconocida capacidad descriptiva y comprensiva de la sensibilidad con que los actores se desenvuelven, comprenden e imaginan un sistema educativo más justo y equitativo. También, dada su extensa permanencia en el tiempo, esta investigación permite monitorear las transformaciones de la sociedad chilena desde hace más de una década –su primera aplicación data de 1999–, dando cuenta de los cambios en los actores escolares, sus respuestas y reacciones frente los dinamismos del sistema educativo y la sociedad.
Al hacer una revisión de los datos, es posible distinguir que la percepción respecto de la calidad de la educación mantiene similar nivel desde el año 2006. Cerca del 80% de los consultados percibe que esta es regular o mala, y solo una proporción minoritaria cree lo contrario.
Las cifras también muestran que la percepción en torno a la equidad de la educación es aún peor, siendo vista como un aspecto crítico que debe ser tratado de manera central. Esta radicalización refrenda los niveles de disconformidad que se habían vuelto manifiestos en las últimas movilizaciones estudiantiles, y pone en evidencia el escaso reconocimiento de los distintos actores hacia las mejoras en la calidad de educación, que múltiples mediciones nacionales e internacionales han reflejado.
Siguiendo en la lectura de las cifras, al abordar temáticas relativas a la implementación de ciertos ajustes al sistema, el financiamiento compartido emerge como una política muy criticada entre los actores, quienes consideran que a través de ella se profundizan las desigualdades sociales y educativas. Esto ha sido demostrado a través de distintas investigaciones –el financiamiento compartido tiene un impacto significativo en la segregación escolar–, y tal dato confirma que los actores experimentan y están conscientes de las implicancias de esta política en la segmentación del sistema. La deslegitimidad del financiamiento compartido entre los actores es una evidencia más del descontento que existe frente al ordenamiento social y, por tanto, constituye una oportunidad para pensar y plantear cambios institucionales que permitan dar un giro real a los mecanismos de estratificación instalados en el sistema educativo actual.
Al profundizar en aspectos vinculados a la segmentación, integración e inclusión, la encuesta muestra que, si bien el rechazo a la segmentación del sistema escolar es amplio, un grupo importante de apoderados, docentes y directores está de acuerdo con la selección de estudiantes para asegurar el nivel académico de los establecimientos, y que más de dos tercios de los docentes está a favor de la expulsión de estudiantes por mala conducta.